05/02/2015
Caso Puertos: el juez apunta a un doble amaño en Mahón e Ibiza
Un presunto amaño a dos bandas trazado sobre el tapete portuario de las Baleares y desarrollado bajo dos gobiernos consecutivos del PP y del PSOE (2003-2007 y 2007-2011).
Tras cuatro años investigando el caso Mar Blau, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ve indicios de una presunta maniobra subterránea urdida en los despachos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) entre 2005 y 2007 encaminada a amañar la adjudicación de dos de los principales puertos deportivos del archipiélago. Un enjuague para favorecer a proyectos participados por el ex presidente de la patronal CEOE, el otrora influyente y hoy preso preventivo por la operación Crucero Gerardo Díaz Ferrán.
El juez Antoni Rotger ha reiterado su negativa a archivar la imputación del presidente de la APB durante el último gobierno socialista de Francesc Antich, el ex candidato del partido en los 90, Francesc Triay, de 70 años de edad, al existir indicios de que pudo participar en cuatro delitos: alteración de precios en concursos públicos, prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias. Comunica, además, que la investigación sigue en marcha.
Noticia completa en El Mundo.
Tras cuatro años investigando el caso Mar Blau, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ve indicios de una presunta maniobra subterránea urdida en los despachos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) entre 2005 y 2007 encaminada a amañar la adjudicación de dos de los principales puertos deportivos del archipiélago. Un enjuague para favorecer a proyectos participados por el ex presidente de la patronal CEOE, el otrora influyente y hoy preso preventivo por la operación Crucero Gerardo Díaz Ferrán.
El juez Antoni Rotger ha reiterado su negativa a archivar la imputación del presidente de la APB durante el último gobierno socialista de Francesc Antich, el ex candidato del partido en los 90, Francesc Triay, de 70 años de edad, al existir indicios de que pudo participar en cuatro delitos: alteración de precios en concursos públicos, prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias. Comunica, además, que la investigación sigue en marcha.
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