Cerco al fondeo en Baleares

Los navegantes de Baleares sabían que tarde o temprano les iba a tocar pagar por las boyas de fondeo instaladas en las llamadas zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario) bajo el pretexto de proteger la posidonia. Pero lo que no se esperaban es que Govern de Baleares, que dice estar comprometido con el sector náutico y dispuesto a potenciar el turismo de navegación, creara una de las normativas más restrictivas (o desde luego llamativas) que se conocen en este campo.

La directora general de Medio Natural y Educación Ambiental, Neus Lliteras, reveló el pasado 28 de abril en el programa especializado Gaceta Náutica de esRadio que los barcos de más de 12 metros -la inmensa mayoría de los que realizan charter en nuestras islas- no podrán fondear a menos de 35 metros de profundidad en áreas susceptibles de tener posidonia. También señaló que los barcos de hasta 40 pies podrán lanzar libremente el ancla sobre las praderas de posidonia en aquellos lugares que no tengan una regulación especial (parques naturales y zonas LIC), así como que el fondeo no tendrá restricción de ningún tipo sobre arena.

Raimon Martínez, navegante profesional, reaccionó en el mencionado programa radiofónico a estas afirmaciones de la directora general sacando la cuenta de los metros de cadena que es necesario utilizar para realizar un fondeo a 35 metros: 105 metros, como mínimo, sin tener en cuenta la ausencia de abrigo de la costa a estas profundidades.

Lliteras indicó que el precio por fondeo en LIC será "simbólico" -10 euros hasta ocho metros de eslora (boyas rojas) y 20 euros entre 8 y 15 metros (boyas blancas)-, y rechazó que el objetivo de este cobro sea el afán recaudatorio: «Pretendemos cubrir parte del coste del mantenimiento de las boyas, no todo, debido a la mala situación económica».

El Govern no tiene intención, ni posibilidad legal, de subcontratar la gestión de las boyas, ya que, de hecho, la competencia final es de la Demarcación de Costas. En realidad, la conselleria balear puede regular el fondeo porque antes el Ministerio de Medio Ambiente le ha concedido un permiso de carácter temporal, lo que impide la cesión del servicio a una empresa privada.

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