Fin a la morosidad y al abandono de barcos en los puertos de Baleares

Fin a casi 10 años de reivindicaciones del sector náutico balear con la actual Ley de Puertos como telón de fondo. El Govern lleva cerca de un año inmerso en la modificación de la actual normativa, aprobada en 2005, para regular las infraestructuras de competencia autonómica, y el nuevo texto está muy cerca de ver la luz. Se ha registrado ya en el Parlament y cuenta con el consenso de toda la industria: marinas, clubes náuticos y el propio Ejecutivo. El viernes se añadieron las últimas enmiendas antes de su tramitación parlamentaria.

Una tramitación que la mayoría absoluta del PP en la cámara hará que no sufra ningún sobresalto. Saldrá adelante con todas las correcciones e importantes novedades. La más destacada es la que hace referencia a la aplicación de medidas por el abandono de embarcaciones y la morosidad en los puertos de gestión indirecta de las Islas, una cuestión que quitaba el sueño a clubes y marinas, tras 10 años reclamándolo, y que ha sido presentada por el diputado popular Carlos Veramendi.

A partir de ahora, las embarcaciones, vehículos y objetos que estén más de seis meses en la zona de servicio de cualquier puerto de gestión autonómica sin «ninguna actividad apreciable exteriormente o sin que sus titulares hayan abonado las tasas o tarifas correspondientes» se enfrentarán a una declaración de abandono. Un procedimiento que acabará con la salida del barco en cuestión a subasta, de forma que su sitio pueda ser ocupado por otra persona que sí esté al corriente de pago.

Esta cuestión introduce una importante novedad ya que antes era muy difícil localizar a algunos dueños, lo que favorecía que las embarcaciones abandonadas o de morosos permanecieran años en el agua sin que nadie hiciera nada puesto que no se podían tocar. Ahora, tras la declaración de abandono se podrán sacar estos barcos del agua para poner fin a esta situación, para satisfacción del sector. Se calcula que actualmente hay unos 300 yates abandonados en Baleares.

Pero ésta no será la única variación que se incluirá en la nueva normativa. El período de las nuevas concesiones se ampliará de los 30 años actuales hasta los 35, al igual que sucede en el resto del país. Y las ya existentes tendrán también la posibilidad de ampliar el plazo al mismo número de años.

La ley también introducirá el llamado derecho de tanteo para aquellos concursos que se convoquen «en el supuesto de una ampliación sustancial» de la infraestructura. Antes, cuando se llevaba a cabo un aumento de la superficie de más del 33%, iba a concurso y el titular de la concesión podía perderla. Ahora tendrá un «derecho de tanteo sobre el resultado del concurso», tal y como recoge el proyecto de ley al que ha tenido acceso este diario.

El texto prevé también en su artículo 70 una tasa para las «cesiones de derechos de uso de amarres en los puertos deportivos gestionados en régimen de concesión». Además, todos tendrán la obligación de llevar un registro de usuarios y «en especial de las transmisiones de los derechos de uso».

Leer artículo completo en El Mundo.