La Autoridad Portuaria trata de evitar que el Club Náutico prorrogue su concesión

El presidente, Francesc Triay, encarga un dictamen para oponerse al «interés estratégico o relevante» que pretende la entidad para continuar gestionando temporalmente las instalaciones sin concurso. La Autoridad Portuaria intenta evitar que Puertos del Estado reconozca el «interés relevante» del Club Náutico Ibiza, lo que abriría la puerta a una prórroga de su concesión, que expira en 2010. Para frenar esta pretensión de la entidad ibicenca, que cuenta con el apoyo unánime de todas las instituciones y fuerzas políticas ibicencas, ha encargado un dictamen jurídico con el que pretende demostrar que la declaración de interés relevante no es posible y que por tanto es inevitable sacar la instalación a concurso. La decisión final está en manos de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento.

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ La Autoridad Portuaria ha encargado un informe al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Jiménez de Cisneros para tratar de evitar que se prorrogue la concesión del Club Náutico Ibiza (CNI) atendiendo a su interés estratégico o relevante, posibilidad prevista en la Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general y a la que quiere acogerse la entidad. Todas las instituciones y fuerzas políticas apoyan la reivindicación ibicenca. 

En los prolegómenos del cóctel que ofreció ayer la Autoridad Portuaria en la Estación Marítima con motivo de las fiestas de Navidad y que contó con la presencia de la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, y la consellera de Promoción Turística, Pepa Marí, el presidente del organismo, Francesc Triay, se refirió a ese informe y subrayó que es «desfavorable» a los intereses del Club Náutico. Triay sostiene que «no es realmente una situación de valor estratégico lo que caracteriza a una instalación náutica en un puerto de interés general», como el de Ibiza, aunque no quiso pronunciarse sobre la conveniencia o no de que el Congreso de los Diputados apruebe mañana la proposición no de ley presentada por el PP para que se reconozca el valor estratégico o relevante del Club Náutico, lo que haría posible la prórroga de la concesión. A juicio de Triay, «se trata de una resolución estrictamente política porque jurídicamente no le corresponde al Congreso decir a quién se le debe dar una concesión y en base a qué artículos [de la ley]». El Parlament balear ya aprobó esta misma resolución.

El presidente de la Autoridad Portuaria defiende que el informe que encargó está «muy fundamentado» y que habrá que ponerlo «todo en una balanza». En este informe se argumenta que la citada ley considera la gestión de amarres deportivos como un servicio comercial, lo que supone su inclusión en el «marco de leal y libre competencia». «Difícilmente va a cumplirse con esa finalidad y exigencia legal si, al amparo de una prórroga excepcional, se impide u obstaculiza la libre competencia que garantizaría la convocatoria del concurso», destaca este informe, en el que, además, se apunta que se podría incurrir en «un supuesto de desviación de poder».

Otra de las conclusiones del informe de la Autoridad Portuaria es que la explotación y gestión de amarres no puede considerarse el núcleo esencial de la definición de puerto de interés general, sino de «una actividad marginal de la esencia comercial», por lo que «nunca puede resultar estratégica».

Por su parte, Rafael Lobeto, abogado que representa al Club Náutico y ex director general de la Marina Mercante, sostiene que es totalmente legítima la solicitud de sus defendidos ya que así lo contempla la ley. «Si existe este artículo, por qué no se va a poder aplicar. No tiene sentido. Hay un artículo que lo permite y punto», cuestiona el letrado, quien asegura que no puede profundizar en los argumentos jurídicos que defiende la Autoridad Portuaria hasta que lea el dictamen. Lobeto explica que la Autoridad Portuaria informó al Club Náutico de la existencia de este documento, desfavorable a sus intereses, aunque no se lo entregó. «Nuestra posición es la de ponernos de acuerdo con la Autoridad Portuaria, para lo cual estamos en contacto con su abogado [el redactor del dictamen jurídico], al objeto de tratar de buscar una interpretación correcta y, por supuesto, legal, que no sea confusa», indicó.

Corresponde a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, emitir el informe «vinculante» acerca del interés estratégico o relevante que pueda tener el Club Náutico.