Sí a la legalidad, sí a la armonización fiscal

La Agencia Tributaria de Balears, ha iniciado una campaña contra lo que califica como "elevado fraude fiscal del sector náutico en Mallorca". Nadie discute la obligación que todo ciudadano tiene de cumplir con sus obligaciones fiscales, aunque sí es lícito disentir en la forma de exigir dicho cumplimiento. Sorprende, por ejemplo, el despliegue mediático que ha rodeado la primera operación de inmovilización de barcos, llevada a cabo el pasado día 15 de junio en diversos puertos deportivos de Mallorca.

 

Con ello, y con los mensajes lanzados por los responsables de la propia Agencia, se da a entender, tal como rezaba el titular de uno los periódicos locales, que existe un "elevado fraude fiscal en el sector náutico en Mallorca". Si nunca es conveniente generalizar, menos lo es aún en un tema como éste, que puede afectar, de gran manera, a un sector de gran importancia económica para el país y más concretamente para Balears, como es el del turismo náutico. 

Si ya recientemente la Asociación de Instalaciones NáuticoDeportivas de Balears –ANADE– se lamentaba públicamente del descenso en la ocupación de sus amarres, las noticias sobre la campaña de control fiscal emprendida, que, sin duda, está ya circulando por Internet, va a frenar de forma notable la llegada de barcos con bandera extranjera a nuestro país. Lo cierto es que a nadie le gusta que le tomen, ya de salida, por un presunto defraudador fiscal y ante esta eventualidad le resulta fácil, a cualquier armador o capitán, eliminar Balears de su ruta de viaje y poner rumbo a cualquier otro país mediterráneo, en el que se potencia el turismo náutico con medidas favorables para su desarrollo. Criminalizar a todo un sector por la actuación de algunos, además de injusto resulta del todo contraproducente, incluso para las propias arcas de la Agencia Tributaria.

"La avaricia rompe el saco" dice el refrán popular, y su significado viene como anillo al dedo para explicar, aunque no justificar, lo que está sucediendo en España dónde, con la intención de aumentar la recaudación, existe un "impuesto sobre determinados medios de transporte" que grava con un 12% a todo barco cuya eslora supere los 8 metros. Existe, esto sí, una exención de su pago para los barcos destinados al alquiler, siempre y cuando no midan más de 15 metros. A partir de esta eslora no hay escapatoria legal posible, lo que supone una enorme dificultad a la hora de plantearse la explotación de un negocio de chárter en nuestro país. Más fácil y más rentable resulta fijar la sede y el operativo del mismo en cualquier otro país mediterráneo, con costa de similar atractivo, en el que no se aplica esta tasa abusiva.

La Agencia Tributaria debería valorar el importe de IVA que va a dejar de recaudar por las facturas que no se van a emitir cuando los barcos que amarran, que se reparan y que repostan, dejen de tener su base fija o temporal en las Balears. Y nosotros nos preguntamos qué opinará el gran número de personas cuyo puesto de trabajo depende de su presencia. ¿Y los hoteleros, restaurantes, floristerías, empresas de alquiler de coches, compañías de aviación, agencias de viaje y un larguísimo etc… de empresas que se benefician del alto nivel de gasto intrínsecamente unido al turismo náutico y que, según datos de la AEGY –Asociación Española de Grandes Yates– es de 140 euros diarios, de tratarse de un barco de mediana eslora, y de 450 euros en el caso de un yate de gran eslora?

En resumen, hay que perseguir el fraude fiscal, pero investigando caso por caso y sin organizar una redada mediática, con acciones y declaraciones que vienen a culpabilizar a todo un sector cuando, en realidad, el número de barcos investigados no supone ni un 0,15% del total de la flota amarrada en Balears. Tampoco hay que olvidar la coyuntura de crisis económica mundial a la que no es ajeno el sector náutico balear, por lo que hay que medir bien las consecuencias de cualquier acción pues, como también dice el refranero popular, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es una buena oportunidad para que la Agencia Tributaria se plantee la armonización fiscal con sus homólogas europeas, al menos en lo que afecta al sector náutico y al arco mediterráneo. No se trata de perder soberanía, sino ganar en competitividad –y, por añadidura, en calidad y continuidad de la oferta– en estos tiempos difíciles.

Bartomeu Bestard, presidente de la
Federación de Empresas Náuticas de las Illes Balears